Por ROBERTO VILLA GARCÍA, publicado en El Mundo el Viernes, 30 julio 2021.

El Gobierno y el memorialismo esconderán la imposición de su relato tras la necesidad de reparar y dignificar nuevamente a las víctimas.

El pasado 20 de julio, el Gobierno aprobó el nuevo proyecto de ley de lo que viene en mal llamarse memoria democrática. Consiste en el uso de los recursos públicos para imponer a los españoles una versión del pasado en virtud de la cual el relato edulcorado de nuestra izquierda actual y de sus aliados nacionalistas se confunde con la historia de la democracia española y de los esfuerzos por defenderla frente a sus adversarios. Según su texto, los españoles tendríamos una deuda con aquellas organizaciones y militantes que lucharon por valores supuestamente idénticos a los que hoy consagra nuestra Constitución, que son todas las del heterogéneo bando republicano de la Guerra Civil y las de los grupos antifranquistas entre 1939 y... 1978.

Sí, no he errado el año. Para el Gobierno y el memorialismo, la dictadura de Franco no termina con la muerte de su titular, sino que se proyecta hasta el referéndum que ratificó la Constitución. La mutación de la naturaleza del sistema político que propició la sustitución del régimen dictatorial por el monárquico, y la puesta en marcha -a iniciativa de la Corona- de una inmediata reforma liberal, parlamentaria y democrática que permitió garantizar la libertad civil, ir a unas elecciones pluripartidistas, reunir las Cortes que confeccionaron nuestra Carta Magna y hasta restablecer la Generalidad catalana... Todo eso, la futura ley lo arrumba al periodo franquista.

¿Cuál es el fundamento de este relato? El preámbulo lo refiere. El 18 de julio de 1936 (la memoria se vuelve amnésica con los sucesos anteriores) se produjo una repentina sublevación militar que derivó en una guerra que enfrentó a los "demócratas" con la versión de época de sus enemigos, los "fascistas". Liderados por Franco (por eso para el texto "franquismo" y "fascismo" son intercambiables), los segundos ganaron y eso les permitió represaliar a los "demócratas" con una brutalidad y una unilateralidad asimilables a la de los nazis con los judíos y los opositores a Hitler. La memoria hecha ley no recuerda las violaciones de los derechos civiles en la zona controlada por los "demócratas" que, en todo caso, no hicieron más que defenderse de una agresión fascista. Por eso, entre ellos la ley no reconoce victimarios a los que retirar honores, rótulos de calles o estatuas. Al contrario, la memoria invita a honrarlos a todos en bloque, y hasta establece ahora un nuevo lugar del culto, el antiguo Panteón de los Hombres Ilustres.

La nueva ley pretende compensarnos medio siglo después de otra ignominia: que España se mantuviera hasta la muerte de Franco en 1975 como la última dictadura fascista de Europa. Los franquistas, muerto su héroe, decidieron reconvertirse en demócratas. Pero fue una reconversión superficial, en tanto que un cambio sincero implicaría la aceptación plena de los postulados de los auténticos demócratas, es decir, de las izquierdas. De esa pseudomutación procederían nuestros actuales partidos de centro y derecha y sus electores, el omnipresente "franquismo sociológico". Estos sedicentes demócratas aprovecharon su dominio institucional para imponer una transición a los que durante 40 años mantuvieron viva la llamita de la democracia verdadera en lugar de hacer lo correcto, que era devolverles el poder perdido en 1939 para que pudieran propiciar una «ruptura democrática», no se sabe si como la de 1931 o la de 1936.

Nuestras sufridas izquierdas acataron resignadas ese vicio de origen, que nos convertía en una democracia imperfecta, hasta que en 2007 decidieron que debía saldarse de una vez la "deuda histórica". Había que abandonar la legitimidad salida del pacto de la Transición para reencontrarnos con la auténticamente democrática, la del bando republicano y el antifranquismo. Auguro que el proceso tampoco terminará con el proyecto de 2021, pues una vez que este relato memorialístico vaya sustituyendo al conocimiento histórico, lo siguiente será revisar todos aquellos aspectos del entramado legal e institucional con el que los malhadados herederos del franquismo nos obligaron a pechar. Incluida la Corona, a la que esta ley de memoria olvida mencionar, significativamente, como motor y sustento de la libertad y la democracia que disfrutamos hoy en España.

Por supuesto, el Gobierno y el memorialismo esconderán la imposición de su relato tras la necesidad de reparar y dignificar nuevamente a las víctimas (en realidad, a sus descendientes de un siglo después), de convertir la recuperación de los restos de los fallecidos de la Guerra y la inmediata posguerra en "política de Estado", y de evitar otro 1936, convirtiendo no el conocimiento histórico sino su leyenda heroica en materia que se imparta en escuelas, universidades e incluso oposiciones, además de en sustento de los omnipresentes "lugares de memoria" del espacio público.

A todo esto volveremos a objetar algunos que no es correcto sustituir la historia por un relato presentista hecho a mayor gloria de unos partidos, que las políticas de reparación han sido abundantes desde los años 70, que la democracia debe honrar a todas las víctimas y execrar a todos los victimarios sin excepción y que, en todo caso, para esto no es necesario abolir las memorias particulares de cada español y establecer una pseudomemoria de Estado. Pero tocaremos en hueso porque la ley establece claramente que el problema no se reduce a reparar a las víctimas, sino a establecer una hegemonía cultural con un propósito presentista de exclusivismo político bajo un pretexto artificioso de las "garantías de no repetición" de la Guerra... de 1936.

Sólo así es posible entender que, además de la imposición pública de un relato, la ley consagre todo un aparato de vigilancia y control de la discrepancia, formado no ya por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática sino también por una Fiscalía de Sala y un consejo donde figurarán las asociaciones memorialistas, y que entenderá sobre el desarrollo reglamentario de la ley, su aplicación y hasta de la concesión o no de dinero para actividades de investigación. También se establece un sistema de sanciones administrativas, impuestas directamente por esta Secretaría a instancia de cualquier individuo que sienta ofendida o humillada la dignidad de las víctimas, con multas de hasta 150.000 euros para quien cuestione el relato oficial por cuanto incitan a "la exaltación de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial" (art. 61.1 apartado e).

He aquí donde el relato se impondrá no sólo a otro alternativos sino, lo que es más grave, al conocimiento histórico. Incitarán esa exaltación, por ejemplo, los que señalen en clase, en una conferencia o en un artículo que la Guerra Civil no fue una lucha entre "demócratas" y "fascistas". También los que afirmen, con razón, que abundaban los antidemócratas de todo signo en el bando republicano y que su presencia no se diluyó cuando este bando mutó en antifranquista, pues la aspiración de muchos de estos antis era sustituir la dictadura vigente por la suya propia. También los que maticen que en el bando nacional figuró un contingente relevante de liberales y demócratas y futuros opositores a la dictadura, por no hablar de los que, sin alinearse con nadie, fueron asesinados o tuvieron que huir de la zona republicana para salvar su vida. O, por último, también los que argumenten que los problemas de consolidación de nuestra democracia en el periodo de entreguerras no devinieron de contraposiciones castizas entre fascistas y demócratas, entre nazis y judíos o entre verdugos y víctimas, sino de la partición sectaria de los llamados a consolidar una democracia y de su consecuente subsunción por los antidemócratas de uno y otro signo. Un hecho que contiene, en sí mismo, toda una lección para las democracias de hoy.

En el reino de la memoria haremos apología del franquismo lo que afirmemos que la historia no pertenece a los gobernantes que, en democracia, no deben imponer ningún relato sobre el pasado. Con sanciones o sin ellas seguiremos defendiendo que la historia es propiedad de todos, y que no puede sernos expropiada en provecho de causas ideológicas presentistas y de afanes de apropiación permanente del poder.

Roberto Villa García es profesor titular de Historia Política en la Universidad Rey Juan Carlos. Su último libro es 1917. El Estado catalán y el Soviet español (Espasa).