No fue la falta de control lo que permitió el saqueo sino que los altos cargos condenados participaron en el diseño de un "procedimiento específico" para desactivar todas las luces de alarma

La coartada social ha funcionado durante todo el proceso de los ERE como una suerte de bálsamo que hacía supuestamente menos dolorosa la verdad judicial que, desde el entorno del Partido Socialista, se ha negado y se ha justificado. La condena por elSupremo a los principales altos cargos de la Junta, incluidos dos ex presidentes del Gobierno andaluz y ex presidentes del PSOE, supone que hasta tres instancias judiciales han dado por demostrado un relato de los hechos incontestable: durante toda una década, desde las instancias más altas de la Administración autonómica, se puso en marcha un procedimiento específico para eludir los controles y repartir caprichosamente más de 600 millones de euros entre empresarios afines, amigos, comisionistas profesionales y colectivos conflictivos que ponían en riesgo la estabilidad de los gobiernos socialistas.

En medio de ese batiburrillo de arrimados al perol de los ERE también había trabajadores de empresas en crisis (o sin crisis) que recibieron generosas prejubilaciones. Ellos empezaron siendo el fin de los ERE y acabaron convertidos en la coartada de un saqueo sistemático, premeditado y largamente consentido de los fondos que la Junta disponía para paliar la crisis de un tejido industrial primero dopado de ayudas públicas y después directamente desmantelado.

EXPOLIO DE LOS BIENES PÚBLICOS: Junto a la coartada social también funciona en el relato exculpatorio del Partido Socialista la tesis repetida de que ninguno de los principales altos cargos condenados se ha enriquecido con la corrupción de los ERE, como si la condición necesaria para hablar con rigor del expolio de los bienes públicos (malversación y prevaricación) fuera el lucro personal. Bajo esa premisa se ha defendido contra las evidencias la honradez de los condenados, abundando una vez más en esa cultura tan asentada en la vieja política de que robar para el partido no es robar. Y mucho menos sería hacerlo para la causa común de mantener los resortes del poder alimentando el clientelismo, que es la versión aseada del caciquismo de toda la vida.

Junto a la coartada social y a la honradez personal (a prueba de condenas) hay que sumar un tercer argumento que ha funcionado para anestesiar al entorno socialista frente a las prácticas (confirmadas como delitos de corrupción) tan políticamente corrosivas desveladas en el proceso de los ERE. Y es la de que, si acaso, todo ocurrió a espaldas de los principales condenados precisamente por falta de controles o porque esos controles fallaron, como falla por desgaste el engranaje de una maquinaria sofisticada. El secretario general del PSOE andaluz y jefe de la oposición, Juan Espadas, explicaba este martes que, ya en tiempos de Griñán, se tomaron medidas para que el saqueo de los ERE no pudiera volver a repetirse. Espadas abunda así en ese marco mental.

Según esa tesis, los saqueadores habrían utilizado las grietas de la Administración, las fallas de ese sistema herrumbroso, para actuar por su cuenta y riesgo y aprovecharse de los fondos ante la ignorancia de sus superiores. La culpa de los condenados de mayor rango institucional y político sería, si acaso, derivada de un delito cometido por omisión, pero nunca por acción.

La sentencia de la Audiencia de Sevilla desmonta, sin embargo, una a una estas tres patas del discurso exculpatorio. Y recuerda, por ejemplo, que no es que se produjera una falta de control por defecto de los procedimientos legales; sino que los condenados diseñaron un "procedimiento específico" que permitió eludir los controles que sí existían.

La tesis de la Fiscalía Anticorrupción, avalada por el tribunal de la Audiencia de Sevilla y ratificada ahora por el Supremo, es que se diseñó expresamente ese sistema para eludir los mecanismos de vigilancia de la Ley de Subvenciones y facilitar la arbitrariedad. A través de las transferencias de financiación se creó, además, una suerte de «ángulo muerto» que impedía a la Intervención General de la Junta hacer el seguimiento del dinero. Por tanto, lo que la verdad judicial sostiene es que se diseñó un sofisticado sistema para desactivar las luces de alarma.

De ese procedimiento irregular, amparado por el consejo de gobierno y alimentado de fondos públicos, ejercicio a ejercicio, a través de herramientas fraudulentas, se beneficiaron 77 empresas seleccionadas de forma arbitraria; se permitió que hubiera trabajadores suscritos a las pólizas pese a no haber trabajado nunca en esas empresas; y se pagó a los agentes mediadores al menos 66 millones de euros por encima de los precios de mercado.