El Partido Socialista ha vuelto a su ser natural, un radicalismo que mutó en populismo a partir del año 2015, razón por la que el PSOE de Felipe González fue una excepción en su historia
Por Juan-José López Burniol, publicado en el diario El Mundo y Actualizado Lunes, 18 marzo 2024
1. Las leyes catalanas de desconexión del 6 y 7 de septiembre de 2017 y la declaración de independencia de Cataluña del 27 de octubre del mismo año fueron un golpe de Estado, por ser un intento organizado de subvertir el orden constitucional desde dentro del propio Estado, llevado a cabo por dirigentes y servidores del mismo.
2. Los separatistas niegan que fuese un golpe de Estado, pues se trató, según ellos, de un «acto político» llevado a cabo sin empleo de violencia, pero que, en cambio, fue reprimido violentamente por el Estado.
3. El Gobierno de España debió aplicar el artículo 155 de la Constitución al aprobarse las leyes de desconexión, pero su inacción, unida a su pésima gestión antes y durante el referéndum del 1 de octubre, dejó al Estado en situación de indefensión y dañado por una repercusión mediática infamante.
4. Un Estado es una entidad orgánica y, por tanto, cuando es atacado se defiende. Y, cuando el poder del Estado encargado en primer lugar de su defensa -que es el Ejecutivo- no lo hace, surge un poder subsidiario y reactivo -que es el Judicial- que sí lo defiende utilizando los recursos que la ley le brinda.
5. De ahí la inquina honda y persistente de los separatistas a los jueces y tribunales españoles, a los que ven como un obstáculo más firme a sus pretensiones que una clase política encuadrada en unos partidos -auténticos «caciques orgánicos»- que anteponen sus particulares intereses al interés general, y que son incapaces de llegar a pactos con el adversario. Además, casi todos ellos están marcados por la corrupción en un grado directamente proporcional a su participación en la política de gestión.
6. Un Estado que, como el español, supera la dura prueba de un golpe puede, mirando al futuro, obrar con magnanimidad indultando o amnistiando a los actores e implicados en aquel delito, siempre que concurran tres requisitos: 1) que haya un respaldo social y político mayoritario; 2) que los separatistas, sin renunciar a su ideal, no alardeen de que reincidirán; y 3) que el indulto o la amnistía no sea el precio a pagar por un trueque de favores.
7. La amnistía en curso de los implicados en el golpe de Estado de 2017 es espuria por no reunir ninguno de los tres requisitos enunciados. No es un acto de magnanimidad ni un instrumento de reconciliación, sino que prostituye al Estado en aras de un interés personal y de partido.
8. La amnistía no es el final de nada, sino el principio de todo. Es el inicio de un nuevo «proceso» de alcance y dimensión españoles, que se desplegará en tres etapas. La primera etapa es la exaltación de la plurinacionalidad: Cataluña, Navarra, País Vasco y Galicia son «auténticas naciones», pero España no lo es, pues sólo es un Estado, un artilugio jurídico. La segunda etapa consiste en el establecimiento de unas relaciones bilaterales entre cada una de las «auténticas naciones» y el Estado: habrán de incluir un régimen fiscal singular y una judicatura autónoma. La tercera etapa es la «mutación» constitucional del Estado autonómico en Estado confederal, si la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional «no teme mancharse la toga con el polvo del camino». La culminación de este proceso, si concluye, sería la caída de la Monarquía y la proclamación de la República, bien mediante un referéndum, bien por la abdicación del Rey, por no querer ser cómplice de un proceso que, al desguazar el Estado, pondría fin a España como entidad histórica y como proyecto político.
9. Los Estados han hecho históricamente tres cosas: mantener el orden público, administrar justicia y cobrar los impuestos. Y los Estados modernos añaden a ello garantizar un ámbito de solidaridad primaria e inmediata en el que todos sus ciudadanos sean iguales. Por tanto, si un Estado se ve privado por entero de sus tres funciones tradicionales, mal podrá garantizar la solidaridad a todos sus ciudadanos.
10. España es hasta hoy una entidad histórica y un proyecto político conformado por la geografía y por la historia, que constituye un ámbito de solidaridad primaria e inmediata en el que todos los españoles son iguales. Pero, si se vacía de contenido al Estado, de modo que sus competencias en orden público, justicia y financieras sean asumidas por las «auténticas naciones» ligadas a él mediante una relación bilateral, España dejaría de existir como tal, aunque mantuviese una apariencia vacía de contenido como Estado confederal, hasta que las «auténticas naciones» decidiesen asumir la independencia plena.
11. Este proceso, que parece imposible, no lo es. Existe una mayoría autodenominada «progresista» que lo impulsa y que es sólida. Hay dos razones para ello. La primera: el PSOE ha vuelto a su ser natural, un radicalismo que ha mutado en populismo a partir de 2015, razón por la que el PSOE de González fue una excepción en su historia. Y la segunda: el PSOE actual ha recuperado también su antigua querencia (Pacto de San Sebastián, en 1930) a pactar con los separatistas para conformar una mayoría parlamentaria imbatible.
12. La argamasa que compacta esta coalición es el desafecto de parte de la izquierda y la malquerencia de todos los separatistas a España, entendida como realidad histórica nacional y como proyecto político. Esta izquierda ve en España un instrumento de dominación al servicio de «los que llevan siglos asentados sobre el Estado», usufructuándolo para sí, por entender que «su patria»es «su finca». Y las derechas separatistas afirman que España no es una nación, sino sólo «una cárcel de pueblos», un Estado que sojuzga a las «auténticas naciones» y las explota.
13. Así las cosas, surge una pregunta: si el proceso de «confederalización» de España triunfa, ¿qué pasará con el resto de comunidades autónomas que no han asumido el estatus de nación?, ¿también tendrán que «confederarse» a la fuerza u optarán por mantener para ellas el Estado autonómico que, como Estado federal que es, constituye una variedad del Estado unitario?; ¿querrán por tanto preservar para ellas a España como un ámbito de solidaridad en el que todos sus ciudadanos sean iguales? En cualquier caso, sea cual sea su opción, el caos estará servido.
14. Ante esta situación, hay quien se pregunta si no sería mejor que todos aquellos que dicen querer irse de España se vayan de una vez, fundándose en que hay ocasiones en que no se trata de elegir entre el bien y el mal, sino entre lo malo y lo peor. Y lo que hoy es peor para España no es la separación de cualquiera de las comunidades que quieran emanciparse, sino la destrucción del Estado en aras de una solución confederal que implicaría el desguace del Estado.
15. No se debe caer en esta tentación fruto del hastío. Son múltiples y sólidas las razones que se oponen a este tipo de referéndums, pero hay una que es decisiva: lo que ha unido una historia compartida de siglos no puede quebrarse por la voluntad exclusiva de una parte. Sobre lo que es de todos, todos han de decidir. Aceptar un referéndum de autodeterminación sería, en el mejor de los casos, una manifestación de debilidad, y en el peor, el precio de una traición.
16. Este desastre, porque un desastre resultaría para todos un referéndum, no sería posible sin la perversión hasta la náusea del debate político, sin la degradación de los partidos, sin la prostitución de muchos medios de comunicación («desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca») y sin la atonía de buena parte de los ciudadanos. No parece, por todo ello, que exista una salida inmediata. Es posible que vengan agrios tiempos de desorden que repercutan en la vida y hacienda de los ciudadanos y de sus empresas. Quizá entonces, cuando el miedo al futuro nos haga recuperar la cordura, se alcance un nuevo pacto entre los dos grandes partidos, única solución al conflicto. En el bien entendido de que, para algunas cosas, ya será tarde. Entre todos nos habremos ganado este nuevo e irrevocable fracaso.
Juan-José López Burniol es abogado
