Sánchez depende de partidos secesionistas que le dan su apoyo sólo a cambio de gravosas concesiones

Artículo de Marisa Cruz publicado en El Mundo. Actualizado Lunes, 29

Fotografia de Pedro Sánchez, sentado en su escaño del Congreso de los Diputados, durante la sesión de investidura.E. PARRAEUROPA PRESS abril 2024

Pedro Sánchez abrió el pasado miércoles un paréntesis de cinco días para reflexionar sobre si le merece la pena seguir al frente del Gobierno. Hoy saldrá del retiro y anunciará su decisión. El presidente explicó en una carta a la ciudadanía publicada en la red X, - y reproducida y comentada en este mismo sitio -, el motivo de su insólito paso: el acoso al que se siente sometido él y sobre todo su esposa por parte de la oposición, por determinados medios de comunicación e incluso por algunos jueces. A todos ellos los engloba en el ámbito de la derecha y la ultraderecha.

Sin embargo, más allá de la polarización y el frentismo que se ha instalado en la política española y de los que él y su partido también son partícipes -Sánchez se erigió como el «único muro» frente a la opción de la derecha que califica de «retrógrada y reaccionaria»-, laten otros motivos que hunden sus raíces en el muy precario resultado conseguido por los socialistas el 23-J y que ha impelido a Sánchez a conformar Gobierno de coalición con un socio muy minoritario, inestable, en decadencia electoral y con el que mantiene profundas diferencias y, además, convertirse en dependiente de formaciones secesionistas que rechazan la Constitución, la forma de Estado y el Estado mismo y que únicamente están dispuestas a darle apoyo a cambio de gravosas concesiones.

Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas de mayo del año pasado fueron desastrosos para el PSOE hasta el punto de que el presidente del Gobierno se vio impelido a adelantar los comicios generales en un intento de superar el descalabro. Sin embargo, el 23-J apenas supuso un espejismo. El PP ganó en las urnas, pero no con la fuerza suficiente como para formar gobierno, y ofreció así una rendija de oportunidad para Sánchez, una vía para reeditarse en el poder aunque a costa de suscribir una alta factura cuyos intereses se han convertido en una trampa.

Sánchez consiguió ser investido el 16 de noviembre en primera votación con 179 votos a favor frente a 171 en contra tras haber logrado el apoyo imprescindible de Junts, negociado opacamente y en Bruselas con un huido de la Justicia, a cambio de conceder a Carles Puigdemont y a los implicados en el procés una amnistía. Ese pacto de sostén, no obstante, caducaba con la investidura, Una vez cumplida ésta, el partido independentista se considera liberado para pedir nuevos pagos cada vez que el Ejecutivo necesite su apoyo. Y esta necesidad es permanente.

LEY DE AMNISTÍA

Que el Gobierno quedó atado a las exigencias del secesionismo lo demuestra el hecho de haber tenido que reformar la Proposición de Ley de Amnistía para cumplir con todas las expectativas de Puigdemont. Así se puso de manifiesto, cuando el 30 de enero los siete diputados de Junts, tras aprobar el dictamen de la ley, tumbaron con su voto el conjunto de la misma por no recoger todas sus exigencias. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, decidió salvar in extremis la iniciativa devolviéndola a Comisión de Justicia para recuperar en este trámite la negociación con los secesionistas. Aquello provocó una enconada controversia política y jurídica. La proposición de ley finalmente fue aprobada en el Congreso y remitida al Senado, tras aceptar Sánchez todas las reclamaciones de Junts, el 14 de marzo.

De la misma manera, el Gobierno constató su extrema debilidad el 10 de enero cuando de sus tres primeros reales decretos ley, considerados de urgente necesidad, sólo dos fueron aprobados tras, de nuevo, haber cedido a las reclamaciones de último minuto del independentismo. El tercero, abanderado por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, para introducir nuevas medidas de conciliación de la vida familiar y profesional y modificar el nivel asistencial de la protección por desempleo, fue derogado al topar con el voto en contra de Podemos, socios del PSOE en el Ejecutivo hasta el 23-J.

En estas condiciones, Sánchez sabe que cada nueva propuesta de ley que pretenda impulsar depende del secesionismo y del pago de la contraprestación que éste reclame. El pasado 13 de marzo esta dependencia se hizo patente cuando se vio obligado a renunciar a la presentación y aprobación de los Presupuestos del Estado después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), decidiera convocar anticipadamente las elecciones catalanas.

El proyecto de Presupuestos es la ley más importante de cada ejercicio porque implica sustentar con números los planes políticos del Ejecutivo y, además, es una obligación constitucional. Prorrogar las cuentas del ejercicio anterior estando el Gobierno en plenitud de sus funciones sólo es admisible tras comprobar, votación mediante, que el Congreso no acepta el proyecto para el nuevo ejercicio.

PEGASUS

De la misma manera, los socialistas se han visto obligados a aceptar, por exigencia de sus aliados parlamentarios, la creación de tres comisiones de investigación -Operación Cataluña, espionaje con Pegasus y atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils- que amenazan con poner en solfa los servicios de inteligencia (CNI) y el papel de la judicatura, a la que desde el independentismo no se duda en acusar de lawfare.

A esto se suman los continuos choques entre los dos socios de la coalición gubernamental en políticas de Estado. Es el caso de Exteriores y Defensa. La ayuda militar a Ucrania, el vínculo con la OTAN y el gasto en defensa, la política en relación con Marruecos y el Sáhara y las relaciones y el comercio con Israel son motivos de enfrentamiento dentro del propio Ejecutivo.

Sánchez, además, tiene en su contra al Senado con una mayoría aplastante del PP dispuesta a hacer valer su oposición al más alto nivel. En el trámite legislativo el Congreso prevalece, pero ello no impide que la Cámara Alta siembre el camino de obstáculos e incluso haya conformado, con la misma legitimidad que el Congreso, una comisión de investigación sobre el llamado caso Koldo en el que se ven afectados dirigentes y ministerios socialistas y que presuntamente extiende sus tentáculos hasta el entorno más cercano del presidente del Gobierno. Esto último, las presuntas vinculaciones entre la actividad laboral de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y empresarios implicados en los contratos corruptos de la pandemia que lograron adjudicaciones e importantes ayudas de dinero público, ha desatado una auténtica tormenta sobre el Gobierno y en particular sobre el presidente y ha sido el motivo aducido por este para replantearse si merece la pena seguir en La Moncloa.

Desde el pasado mes de diciembre, cuando el nuevo Ejecutivo echó a andar, sólo se han aprobado y convalidado dos reales decreto ley. Hasta el día de hoy, el Gobierno ha remitido al Congreso un total de 19 proyectos de ley, todos ellos se encuentran en tramitación. Ninguno ha sido aún aprobado. Además, a través del Grupo Socialista, se han presentado, pero todavía no han sido aprobadas, tres proposiciones de ley, una de ellas la de la amnistía.

Opiniones de los lectores:

GARALDE
29/04/2024 05:06

En un Estado de Monarquía Parlamentaria es maquiavélico conformar un Gobierno con el apoyo del Secesionismo republicano excluyente. Un perdedor de Elecciones no puede considerarse ganador sumando escaños de antiespañoles y republicanos. Ya logró exiliar al Emérito, ahora no debiera exiliar a la Monarquía. Volver al guerracivilismo no es el camino. Convertir al PSOE de Guerra Felipe Redondo Leguina y tantos otros en un Sanchismo populista y esquizoide, engaño electoral, ha derivado en un Estado sin Justicia ni Igualdad. Si a ello se suma una gestión apesebrada, electoralista y sectaria de recursos públicos nos encontramos con una DEUDA PÚBLICA inasumible insostenible e inagotable. El veneno guerracivilista, amoral y pendenciero corre por las venas de un Sanchismo de muro, falsamente progresista y amoral. Ha liado un esperpento indecente. El pueblo debe reflexionar y decidir en nuevas Elecciones Generales.